La tentación de lo imposible

Foto tomada de Perú.21

La indignación que ha generado en el país el fallo de Corte de San José por la masacre de terroristas en el penal Castro Castro, será una prueba de fuego para el gobierno aprista para que no termine cediendo a la tentación facilista – y populista – de salirse de la competencia de la Corte de San José, que fue reconocida por el Perú en la asamblea constituyente de 1978, que presidió el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre.

Voces en el APRA ya han planteado el retiro del Perú del sistema interamericano de justicia, olvidando no solo lo que costó sobreponerse de las tropelías de Fujimori y Montesinos sino también la ardorosa oposición aprista en el Congreso cuando el extraditable pretendía hacer lo que hoy se vuelve a plantear.

Esperemos que se trate de una reacción hepática y primaria ante un fallo excesivo y que no haya, detrás, la intención de proteger intereses distintos a los del país y los peruanos en su conjunto, ante nuevos fallos de la Corte que podrían mellar este gobierno. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y perseguibles en casi en todo el mundo. Si lo que se busca en el fondo, al renunciar a la competencia del sistema interamericano, es defender intereses subalternos y desproteger a millones de peruanos que no tienen acceso a la justicia en el Perú, se estará cometiendo un grave error.

Pero la confusión crece con los mensajes que está enviando el oficialismo en este caso. Es conocido que el Perú es signatario de tratados internacionales que ratifican la competencia de la Corte, cuyos fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio, y por más precisiones que se pidan, el Gobierno sabe que el fondo de la sentencia no va a variar. Debería estar pensando cómo la cumple de la manera más sobria posible y le explica al país que no queda otro camino, que no es posible mandar al diablo a estos jueces que desconocen el dolor que el terrorismo nos causó, y que acatar el fallo, en el fondo, significa también un beneficio para millones de peruanos que seguirán contando con un mecanismo de defensa de sus derechos en un país donde la justicia suele ser una utopía.

De otro lado, ya se está volviendo sintomático en el gobierno aprista echarle la culpa a la gestión de Toledo de todo lo que pasa en el país. Lo último ha sido esta sentencia de la Corte. El premier y el canciller han dicho que fue un error que durante el gobierno de la Chakana el Estado peruano se haya allanado, ante el tribunal, a la demanda por el caso de Castro Castro; es decir, haya admitido su culpa. Del Castillo debería saber, como abogado, que cuando alguien admite su responsabilidad ante un juez por un delito que se le imputa – y en este caso las pruebas y testimonios de que hubo una masacre en el penal son abundantes – lo hace con el objetivo de atenuar su pena. No es justo que se le achaque a Toledo culpa por la resolución del tribunal de San José.

Link: Lea aquí toda la sentencia de la Corte de San José sobre Castro Castro.