La parodia de Meche

En 15 días vuelve a recuperar la confianza que le había perdido a Cevasco.

Las bancadas decidieron salvarle la cabeza – de turco – a Cevasco: solo lo sancionaron con 15 días de suspensión sin goce de haber por haber realizado un cabildeo a favor de la candidatura al TC de su ‘pataza’ José Ríos. ¿Dónde quedó toda la indignación que Meche Cabanillas paseó por cuanto set de radio y televisión visitó en los últimos días, para decirse traicionada y llamar a Cevasco poco más que desleal, por haberle ocultado que sabía de la comilona de Ríos con lo más selecto de la cosa nostra fujimontesinista? ¿Y la confianza que decía haber perdido en el oficial mayor del Congreso? Mínimo, que nos explique cómo hará para recuperarla en un par de semanas.

Todo fue una parodia orquestada por Meche para sacudirse del rol protagónico que tuvo en este chongo de mal gusto. O es que, acaso, alguien se tragó el cuentazo ese de que ‘es mi hombre de confianza pero yo no sé nada’ que Meche nos contó con tanta convicción. Puede que no haya sabido que el almuerzo del restaurante Fiesta quedó registrado en la cámara de Óscar Medrano, y que la presionaron para forzar la votación antes de que el escándalo estalle en la prensa, como parte de una de esas muestras de fraternidad entre compañeros apristas, porque – como la misma Meche dice – si lo hubiera sabido no iba a ser “imbécil para quemarme como un bonzo”. Total, la popularidad de Meche parecía impermeable a los escándalos de los otorongos y ya empezaban a decir que era presidenciable.

Pero es difícil creer que el patrocinio a favor de Ríos que hicieron Cevasco y David Barturén, un asesor de prensa que suele acompañar a Cabanillas a las entrevistas en radio y televisión, fue por cuenta propia y a espaldas de la presidenta del Congreso. Cevasco la sacó barata al final: puso su cargo a dispocisión, se dio golpes de pecho por su 'error' y dejó que Meche lo zarandeará a su gustó en público para que, al final, juácate, se tome un merecido y reparador descanso de 15 días.

Es una burla inaceptable

¿De qué se reirán con tantas ganas?

Si alguien pensó que se iba a corregir ese chanchullo originado por la votación amañada en el Congreso para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, donde primó la repartija política, se equivocó. Si alguien albergaba la esperanza de que quedara, en algún recoveco perdido del Legislativo, una última reserva de moral y decencia política, se equivocó doblemente.

La Junta de Portavoces decidió anular solo la votación que ungió como magistrado del TC a Javier Ríos, candidato patrocinado por el Apra y contertulio de Agustín Mantilla y Óscar López Meneses, ex brazo derecho de Montesinos. Pero avaló todo el proceso de selección y evaluación – a estas alturas resulta un eufemismo llamarlo así – de candidatos que realizó la comisión Pastor, el cual careció, desde el inicio, de transparencia y seriedad. Ahora ya sabemos por qué.

Es decir, ahora los otorongos tendrán que elegir un nuevo cuarteto de entre los 16 candidatos finalistas de Aurelio Pastor y compañía, de quienes – ¡oh sorpresa! – se conoce poco y nada, y menos aún los puntajes que obtuvieron en la ¿evaluación? curricular y la entrevista personal, los dos rubros en los que fueron 'evaluados'. Resulta que el buen Pastor ha dicho que los resultados que obtuvieron los 17 primeros aspirantes al TC, que publicó El Comercio, no son ciertos, que son apócrifos.

La periodista Cecilia Valenzuela, según lo contó ella misma en su programa, le pidió a Pastor, entonces, que tuviera la amabilidad de alcanzarle los puntajes verdaderos. Pero Pastor le salió con una pendejada de aquellas: le dijo que no habían resultados de los primeros 20 candidatos y que si quería le podía dar los puntajes alcanzados por quienes quedaron entre los puestos 21 y 72. Esa es la farsa que la mayoría de bancadas – salvo la nacionalista y fujimorista que se abstuvieron – apoyó al anular solo la votación pero no todo el proceso.

La gran bacanal

LA MESA NOSTRA: 1) Agustín Mantilla; 2) Óscar López Meneses ; 3) General del Ejército en actividad Roberto Vértiz 4) Javier Ríos; 5) Comandante EP en actividad José ‘Chino’ Cuadra; 6) Jorge Luis Mantilla. (Foto: Caretas)

Lo que se come (y habla) en público no es lo mismo que lo que se cocina en privado. Esa parece ser la línea de acción del Gobierno: la famosa escopeta de dos cañones. Y las dudas crecen luego de que se conociera la reunión non sancta que el martes 12 de junio tuvieron en un ambiente privado de un conocido restaurante miraflorino Agustín Mantilla (no necesita presentación), su hermano, Óscar López Meneses (ex testaferro y brazo derecho de Montesinos), dos militares y Javier Ríos Castillo, en ese momento uno de los candidatos finalistas al Tribunal Constitucional y quien fuera, un día después (el miércoles 13), electo por el Congreso, con votos apristas y fujimoristas, para ocupar una plaza de magistrado de ese organismo, en una elección hecha al ‘caballazo’ y cuestionada por sectores de la oposición, que denunciaron un copamiento aprista en el tribunal. ¿Fue la extradición de Fujimori el plato central de la comilona?.

La difusión en los medios de comunicación de este cónclave generó tal revuelo y escándalo que obligó al Congreso, un día después de elegir a los cuatro nuevos miembros del tribunal, a dar marcha atrás y dejar sin efecto la designación de Ríos Castillo, quien, a su vez, se vio obligado a renunciar al cargo, pese a que había negado sus vínculos con Mantilla y el fujimorismo. Esto quizás explique el manto de secretismo y mediocridad con que la comisión del parlamento encargada de evaluar a los candidatos al TC, presidida por el aprista Aurelio Pastor, llevó a cabo su trabajo. No se conoció la terna final de candidatos que se iba a presentar al Pleno hasta el momento mismo en que se votó y eligió, sin previo debate, a los cuatro nuevos magistrados. Castillo ya fue desembarcado, pero aún hay dudas entre los otros nuevos miembros, especialmente en el caso de Vladimir Paz de la Barra.

Ahora se entiende un poquito mejor por qué tanto celo de Pastor, pese a los públicos pedidos para que hiciera más transparente el proceso de selección. Es que los elegidos no eran los mejores, pero sí los más afines para los intereses políticos de los partidos, cuyas bancadas son finalmente las que los eligen. Hacer transparente la elección era desnudar las miserias de los elegidos por cada grupo político. Ríos Castillo no solo almuerza con lo más graneado de ‘la cosa nostra’ del país, también fue acusado de defraudación tributaria pero absuelto por un tribunal integrado por el ‘Chino’ Rodríguez Medrano; Paz de la Barra estuvo inmerso en un proceso judicial por haber extraviado, cuando era juez, el expediente del narco colombiano Evaristo Porras, alías ‘Papá Doc’. Del resto – Luis Alarcón Quintana, militante aprista hasta hace dos años, y Gerardo Eto Cruz – no se conoce mucho.

Le llegó la hora a Fujimori

Luego del pronunciamiento a favor de la extradición de Alberto Fujimori de la fiscal suprema de Chile, Mónica Maldonado – para quien las pruebas contra el prófugo son “contundentes” – , el camino de regreso al Perú del extraditable, a seis años y medio de su fuga del país en busca de impunidad, parece estar más cerca que nunca. Esto pese a que los fujimoristas minimicen el hecho y aseguren que una opinión fiscal no es vinculante, pero ellos están concientes de que es muy posible que la Corte Suprema chilena emita su fallo en el mismo sentido, y lo ratifique en segunda instancia. A fines de este año habría definiciones. Así que deberíamos empezar los preparativos para recibir un 2008 más movido que las costas indonesas.

De modo que la suerte del extraditable ya parece echada y su regreso al Perú inminente, aunque, claro, con el Chino nunca se sabe; ya ha demostrado sus habilidades de Houdini, el famoso escapista de origen judío. No sé sabe si vendrá esposado y en traje a rayas, eso es finalmente morbo. Lo importante es que venga, se le juzgue y condene por los crímenes que cometió, lo que será bastante complicado, porque el japonés no está solo en el Perú: tiene una bancada de parlamentarios que peleará por su impunidad; cuenta con nexos importantes en el Poder Judicial dispuestos a ayudarlo; y goza, inexplicablemente, de un considerable apoyo popular, como todos los dictadores, si no acuérdense de lo que pasó en Chile tras la muerte de Pinochet. Todo esto – agárrate Catalina – asegura un revuelo de proporciones en el país.

Por todo ello creo que el asunto es complicadísimo. Y si a esto le sumamos el silencio oprobioso de Alan García y el resto de autoridades del Ejecutivo, el panorama se ensombrece aun más. Parece que García se olvida que es el jefe del Estado, que representa a todos los peruanos que fuimos víctimas de Fujimori, Montesinos y el resto de sus secuaces. Por lo tanto, creo que no cabe aquello de que no habla porque no quiere politizar el tema. El juicio a Fujimori es político, el Estado es el agraviado y parte demandante del proceso. No sé si calla porque realmente cree que es lo mejor para el juicio de extradición o porque, efectivamente, hay una componenda que busca darle impunidad a Fujimori como se dice cada vez con más frecuencia. El tiempo lo dirá.

Esta es quizás la misma duda que tienen los medios de comunicación. Por ello pienso que es una buena decisión no hacer escarnio de Fujimori, no caer en el sansacionalismo de mostrarlo en portadas esposado y en traje a rayas (ganas no faltan), para no polarizar el país. Esto no significa que, a través de los editoriales y columnas de opinión, los medios recuerden y condenen los crímenes que cometió Fujimori, por lo cuales debe ser sancionado con severidad. Creo, además, que si el prófugo regresa y va preso, se va a convertir en una especie de héroe no solo para los fujimoristas sino también para tantos otros que tienen un buen recuerdo de él. Y cuando salga – juácate –, nada ni nadie va a impedir que vuelva a ser presidente. Otra sería la historia si recibe la condena que merece por violaciones a los derechos humanos, que es de 35 años de cárcel y sin beneficios. Pero nada garantiza que eso vaya a pasar.

Una bomba de tiempo en Santa Anita

Luego de casi un mes, desde que se conoció – el 2 de mayo pasado – la sentencia judicial que ordenaba a los cerca de 10 mil comerciantes abandonar el terreno de 80 hectáreas que ocupaban ilegalmente desde el 2002, la Policía hizo prevalecer el respeto a la ley y el estado de derecho, en una operación de desalojo impecable que no tuvo, felizmente, el costo social que podía haber generado una resistencia violenta de los invasores.

Hasta ahí todo bien: los efectivos del orden hicieron su trabajo, hay que reconocerlo. Pero ahora ¿Qué pasará con esas familias que lo perdieron todo, que se quedaron en la calle? ¿Alguien se preocupó en darle a esta gente una alternativa? ¿Qué hizo el alcalde Castañeda los cuatro últimos años para buscar una solución a este problema que tenía entre manos, pues era eminente que el fallo judicial iba a entregar al municipio la propiedad de los terrenos usurpados? Nada, dejó que pase el tiempo y una vez que tuvo esta papa caliente en las manos la lanzó lejos y enterró la cabeza, cual avestruz. “Es un tema legal y policial, nada sacaba armando yo un circo”, ha dicho el locuaz alcalde, para quien dar la cara y asumir su responsabilidad es una mero show. Sí, pues, en eso han convertido la política: en un espectáculo frívolo, circense, y como el señor Castañeda, un calculador nato, tiene aspiraciones palaciegas se hace el tonto, el loco – o las dos cosas – para no afectar la enorme popularidad que tiene.

Pero este problema está lejos de haberse solucionado, porque se hizo lo más fácil: hacer cumplir una orden judicial por la fuerza y el resto que se joda, porque muchos comerciantes siguen sin entender por qué se les despojó del puesto por el que pagaron y que consideran suyo, pues fueron estafados por el traficante de terrenos Herminio Porras, quien cobró entre 5 mil y 6 dólares por cada local de este mercado. Es simple: estas personas no saben – y no quieren saber – qué es el estado de derecho. Solo saben que la justicia, para ellos, tiene forma de injusticia.

“Qué injusticia, cuando sea grande me voy a vengar”, se le oyó decir a un niño, entre lágrimas, mientras buscaba a sus padres durante el desalojo. Este mensaje es claro y está lleno de resentimiento, pero parece que a Castañeda y compañía les cuesta entenderlo de esa manera. Por ello, estas personas desafían a la autoridad, y a la primera oportunidad que tengan, no dudarán en cobrarse la revancha, que puede tener varias formas: votando por algún afiebrado como Humala, que les prometa fusilar a la mayoría de políticos corruptos o, quizás, tomando la violencia con sus propias manos – acicateados por un lunático como Abimael Guzmán – para convertirla en un medio capaz de acabar con cualquier estructura de convivencia civilizada y democrática en el país. De cualquier forma, en este lugar se activó una bomba de tiempo que puede estallarnos – nuevamente – en la cara.

- El desalojo Minuto a Minuto (Peru21.com)

Deporte oficial

Julio Jara Ladrón de Guevara– ¡vaya apellidito! – es el nuevo jefe de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), la única entidad encargada de comercializar la hoja de coca y sus derivados (legales, por supuesto) en todo el país. El problema es que este señor, aprista de corazón y filiación, ex prefecto del Cusco y ex diputado (1990-1992), no tiene antecedentes sino un prontuario: fue acusado en 1992 por la empresa que hoy preside, cuando la dirigió por primera vez, de malversar 500 mil dólares para financiar su campaña al Congreso, tal como lo denunció Perú.21.

Vemos, pues, que en el gobierno aprista se ha convertido en todo un deporte oficial nombrar a gente cuestionada al frente de entidades y organismos importantes del Estado, y, de paso, ganarse problemas innecesarios – y luego desperdiciar tiempo y energías en justificar sus torpezas –, como si no fuera suficiente, en menos de 10 meses en el poder, con las metidas de pata en los casos de Carlos Arana, Benedicto Jiménez, Alberto Pandolfi, el marino Chanduví, entre otros.

Pero volviendo al señor Ladrón de Guevara, vemos que haber usado recursos el Estado para fines particulares no es su única carta de presentación. También fue sentenciado por la justicia dos veces por difamación: La primera vez por haber publicado – cuando era director del diario/pasquín El Comercio de Cusco – que un profesor de la Escuela de Bellas Artes de Cusco acosaba sexualmente a sus alumnas y, la segunda, por sostener que un ex funcionario del gobierno regional había estafado a 42 comunidades campesinas. Y por si fuera poco, su legajo está adornado por haber sido el viceministro de Agustín Mantilla en la cartera del Interior, nada menos que cuando surgió el comando Rodrigo Franco, durante el primer gobierno aprista.

Hasta el momento, y pese a los cuestionamientos públicos, el hombre sigue inamovible sin que nadie del gobierno diga esta boca es mía, ni siquiera han salido a decir, con los reflejos que han demostrado tener en otras embarradas, ‘fue un error político’, ‘no conocíamos sus antecedentes - ¡acaso alguien se acuerda de lo que hizo hace 15 años!, qué tal raza –. Ladrón de Guevara fue nombrado, por recomendación de ‘Chiquitín’ Salazar, el viernes pasado. Va a cumplir una semana como funcionario, todo un récord respecto de los casos antes mencionados.

Del Castillo Dixit

El premier Jorge del Castillo dio una lamentable entrevista al diario Expreso, en la que confirma que la interacción que ha tenido en estos casi 10 meses de gobierno con personajes de conocida trayectoria antidemocrática y cercanos al fujimorismo lo están haciendo perder la perspectiva y el sentido común: ha negado una realidad irrefutable al decir que en el Perú nunca se violaron de manera sistemática los derechos humanos.

Según la Comisión de la Verdad, las dos décadas (1980-2000) que duró el conflicto armado en el país dejaron cerca de 70,000 víctimas (entre muertos y desaparecidos), de las que poco menos de la mitad fueron responsabilidad directa del Estado. Para arribar a esa conclusión, este grupo investigó todo el proceso de violencia política, recogió testimonios en casi todos los lugares donde la hubo – 129 provincias y 509 distritos del país – y realizó exhumaciones, por lo que no se trata de una cifra antojadiza, como dicen algunos ya sea por intereses particulares o por convicciones ideológicas.

Sin embargo, Del Castillo afirma, en la citada entrevista, que en realidad “intentan demostrar que hubo una política de Estado en ese sentido. Yo discrepo con la Comisión de la Verdad en esa apreciación, puesto que los excesos son aislados y no una política de Estado”. El premier incluso dijo que en estos hechos de violencia no hay responsabilidad política de los altos mandos militares.

¿No son acaso los casi 30,000 muertos y desaparecidos, la mayoría campesinos de zonas remotas y olvidadas, producto del accionar de militares y policiales, suficientes como para descartar la ‘tesis’ de que solo se trató de excesos aislados? ¿Acaso, al principio no se ejecutaba a las personas por mera sospecha, cuando la lucha se realizaba en el campo y no se sabía bien a qué se enfrentaba el Estado y ,luego, cuando se identificó al enemigo, se realizaban ejecuciones selectivas? ¿Esto no se llama, en cualquier parte, terrorismo de Estado?

Cuando Del Castillo afirma que no hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país y no existe responsabilidad política en los ‘excesos’ (lo que se conoce como ‘cadena de mando’), además de pretender lavarle la cara a Alan García y a los jefes militares de su primer gobierno por los crímenes, por ejemplo, de Accomarca y Cayara, nos está diciendo también que Fujimori es una mansa paloma, que fue una víctima de las circunstancias, que no sabía del grupo Colina ni de las matanzas de Barrios Altos o La Cantuta y está injustamente acusado por violación de derechos humanos.

No se puede ignorar esta parte de nuestra historia ni ser ingratos con los militares y policías que dieron su vida para darnos un país en paz, pero los políticos no deberían dar estos mensajes que justifican la impunidad para algunos y la injusticia para otros, porque – no se olviden – hay cientos de militares y policías de menor rango, víctimas reales – al igual que la mayoría de peruanos – de la insania senderista, que viven en el más completo olvido con las terribles secuelas sicológicas y físicas que les dejó esta guerra. ¿Qué se ha hecho por estos verdaderos héroes anónimos? ¿Esa es la 'justicia' que reclama el premier? ¿Por qué no tienen estos la misma 'suerte' que los Giampietri, los Pérez Documet, los Hermoza Ríos, y tantos otros oficialotes?