Luego de casi un mes, desde que se conoció – el 2 de mayo pasado – la sentencia judicial que ordenaba a los cerca de 10 mil comerciantes abandonar el terreno de 80 hectáreas que ocupaban ilegalmente desde el 2002, la Policía hizo prevalecer el respeto a la ley y el estado de derecho, en una operación de desalojo impecable que no tuvo, felizmente, el costo social que podía haber generado una resistencia violenta de los invasores.
Hasta ahí todo bien: los efectivos del orden hicieron su trabajo, hay que reconocerlo. Pero ahora ¿Qué pasará con esas familias que lo perdieron todo, que se quedaron en la calle? ¿Alguien se preocupó en darle a esta gente una alternativa? ¿Qué hizo el alcalde Castañeda los cuatro últimos años para buscar una solución a este problema que tenía entre manos, pues era eminente que el fallo judicial iba a entregar al municipio la propiedad de los terrenos usurpados? Nada, dejó que pase el tiempo y una vez que tuvo esta papa caliente en las manos la lanzó lejos y enterró la cabeza, cual avestruz. “Es un tema legal y policial, nada sacaba armando yo un circo”, ha dicho el locuaz alcalde, para quien dar la cara y asumir su responsabilidad es una mero show. Sí, pues, en eso han convertido la política: en un espectáculo frívolo, circense, y como el señor Castañeda, un calculador nato, tiene aspiraciones palaciegas se hace el tonto, el loco – o las dos cosas – para no afectar la enorme popularidad que tiene.
Pero este problema está lejos de haberse solucionado, porque se hizo lo más fácil: hacer cumplir una orden judicial por la fuerza y el resto que se joda, porque muchos comerciantes siguen sin entender por qué se les despojó del puesto por el que pagaron y que consideran suyo, pues fueron estafados por el traficante de terrenos Herminio Porras, quien cobró entre 5 mil y 6 dólares por cada local de este mercado. Es simple: estas personas no saben – y no quieren saber – qué es el estado de derecho. Solo saben que la justicia, para ellos, tiene forma de injusticia.
“Qué injusticia, cuando sea grande me voy a vengar”, se le oyó decir a un niño, entre lágrimas, mientras buscaba a sus padres durante el desalojo. Este mensaje es claro y está lleno de resentimiento, pero parece que a Castañeda y compañía les cuesta entenderlo de esa manera. Por ello, estas personas desafían a la autoridad, y a la primera oportunidad que tengan, no dudarán en cobrarse la revancha, que puede tener varias formas: votando por algún afiebrado como Humala, que les prometa fusilar a la mayoría de políticos corruptos o, quizás, tomando la violencia con sus propias manos – acicateados por un lunático como Abimael Guzmán – para convertirla en un medio capaz de acabar con cualquier estructura de convivencia civilizada y democrática en el país. De cualquier forma, en este lugar se activó una bomba de tiempo que puede estallarnos – nuevamente – en la cara.
Hasta ahí todo bien: los efectivos del orden hicieron su trabajo, hay que reconocerlo. Pero ahora ¿Qué pasará con esas familias que lo perdieron todo, que se quedaron en la calle? ¿Alguien se preocupó en darle a esta gente una alternativa? ¿Qué hizo el alcalde Castañeda los cuatro últimos años para buscar una solución a este problema que tenía entre manos, pues era eminente que el fallo judicial iba a entregar al municipio la propiedad de los terrenos usurpados? Nada, dejó que pase el tiempo y una vez que tuvo esta papa caliente en las manos la lanzó lejos y enterró la cabeza, cual avestruz. “Es un tema legal y policial, nada sacaba armando yo un circo”, ha dicho el locuaz alcalde, para quien dar la cara y asumir su responsabilidad es una mero show. Sí, pues, en eso han convertido la política: en un espectáculo frívolo, circense, y como el señor Castañeda, un calculador nato, tiene aspiraciones palaciegas se hace el tonto, el loco – o las dos cosas – para no afectar la enorme popularidad que tiene.
Pero este problema está lejos de haberse solucionado, porque se hizo lo más fácil: hacer cumplir una orden judicial por la fuerza y el resto que se joda, porque muchos comerciantes siguen sin entender por qué se les despojó del puesto por el que pagaron y que consideran suyo, pues fueron estafados por el traficante de terrenos Herminio Porras, quien cobró entre 5 mil y 6 dólares por cada local de este mercado. Es simple: estas personas no saben – y no quieren saber – qué es el estado de derecho. Solo saben que la justicia, para ellos, tiene forma de injusticia.
“Qué injusticia, cuando sea grande me voy a vengar”, se le oyó decir a un niño, entre lágrimas, mientras buscaba a sus padres durante el desalojo. Este mensaje es claro y está lleno de resentimiento, pero parece que a Castañeda y compañía les cuesta entenderlo de esa manera. Por ello, estas personas desafían a la autoridad, y a la primera oportunidad que tengan, no dudarán en cobrarse la revancha, que puede tener varias formas: votando por algún afiebrado como Humala, que les prometa fusilar a la mayoría de políticos corruptos o, quizás, tomando la violencia con sus propias manos – acicateados por un lunático como Abimael Guzmán – para convertirla en un medio capaz de acabar con cualquier estructura de convivencia civilizada y democrática en el país. De cualquier forma, en este lugar se activó una bomba de tiempo que puede estallarnos – nuevamente – en la cara.
- El desalojo Minuto a Minuto (Peru21.com)
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