El alfil del gobierno aprista

Foto: Fidel Carrillo

Un tema que viene tomando fuerza en estos días es la borrosa disputa entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Iglesia Católica, cuyas autoridades denunciaron las intenciones, seguramente non sanctas, del cardenal Juan Luis Cipriani de controlar los bienes de esta universidad, en virtud de un usufructo que en 1944 dispuso José de la Riva Agüero, mediante el cual facultaba al Arzobispado de Lima a que constituyera una Junta de Administración, "a perpetuidad e insustituible", que velara por la buena administración de las propiedades que legó a esta casa de estudios.

Lo que no queda claro es a cuenta de qué a Cipriani ahora se le ocurre hacer visible este enfrentamiento y pretende hacer valer, a pie juntillas, ese usufructo de Riva Agüero, el que habría vencido en 1964, de acuerdo con la administración de la PUCP. Según dicen, lo que buscaría Cipriani es que en esta universidad no se mueva un dedo ni se tome ninguna decisión sin su consentimiento. Y esto va desde la compra o venta de inmuebles hasta los contenidos académicos.

Pero insistó: ¿Por qué este repentino interés del máximo representante del sector más recalcitrante de la Iglesia en la PUCP? ¿Es su único interés, como asegura él mismo, hacer cumplir los deseos de Riva Agüero? Como todo lo que ha hecho Cipriani desde que se volvió un personaje público, esto huele mal y me tinka que no tiene que ver con la filantropía. Para nadie es un secreto que la PUCP es considerada, por sectores ultraconservadores como el del cardenal, cuna de la 'izquierda caviar' y que muchos de sus miembros son conocidos activistas de derechos humanos y, por ende, un permanente dolor de cabeza para Alan García y sus afanes populistas, como la pena de muerte y el retiro de la Corte de San José.

O sea, este tema tiene un trasfondo político e ideológico, si se quiere, al que se superpone dos planos: uno judicial, por la reciente venta de una parte del terreno del legado al colegio chino Juan XXIII sin consultársele a la sacrosanta ‘Junta’, y otro eclesiástico, según el cual, toda institución que lleve el título de “Pontificia” tiene que adecuarse al estatuto fijado por la Iglesia. Pero no hay que perder de vista la cuestión política. Creo que Cipriani, en este caso, está jugando el papel de alfil del gobierno aprista para hostigar a los defensores de derechos humanos, lo cual no le incomoda porque siente un creciente desprecio por estos, y si para hacerlo se tiene que disfrazar de curita con sentido de justicia social lo hace sin chistar (“Me gustaría que las pensiones – en la Católica – fueran más baratas y que algunos sueldos no fueran tan altos”, dijo en un tono muy parecido al de Alan García) .

Y esa intencionalidad política que veo en todo este desaguisado se refuerza con el hecho de que es, en la práctica, inviable que se concreten las suspuestas pretensiones de controlar la Católica de Cipriani. Y este seguro lo sabe, pero igual friega. Rosa María Palacios dijo lo siguiente en el útero de marita: “La Universidad se maneja de acuerdo a la Ley Universitaria, ninguna Junta externa puede intervenir en su administración, ni muchos en el contenido de lo que se enseña. En el peor de los casos esa Junta sólo podría intervenir en el uso económico de los bienes de Riva Agüero (actos de disposición), dado que la propiedad de todos estos inmuebles ya está a nombre de la PUC”. Más claro, ni el vestido con que desfiló Lady Bardales en ExpoModa 2007.