Mail comprometedor le costó el puesto. (Foto: USI)
Benedicto Jiménez fue echado del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), aunque la formalidad diga que puso su cargo a disposición de la ministra de Justicia, con la finalidad de evitar interferencias y facilitar las investigaciones en su contra por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Fernando Zevallos.
El ‘Sheriff’ estuvo al frente de esta institución solo 31 días, tiempo suficiente para darse cuenta de que no tenía ideas realistas para afrontar la corrupcion y el hacinamiento en la cárceles del país (salvo reabrir el penal de Challapalca, lo que significaría romper el compromiso internacional que el Perú asumió en 2005, cuando cerró esta cárcel por recomendación de la CIDH, y copar el Inpe con apristas). De esta forma, se convirtió en el segundo funcionario del gobierno aprista que es tumbado por escándalos de corrupción que la prensa destapó. Primero fue Pilar Mazzetti, por la compra de patrulleros sobrevaluados para la Policía, mientras que la continuidad de Carlos Vallejos en Salud está en entredicho también por la adquisición irregular de ambulancias.
Lo llamativo del caso de Jiménez es que poco después de que tanto el presidente García como el premier Del Castillo se pronunciaran a favor de su continuidad en el Inpe, y que el mismo ‘Sheriff’ asegurara que tiene la conciencia tranquila y que no renunciaría, el Gobierno le haya bajado el dedo y obligado a renunciar.
¿Qué pasó en ese corto tiempo entre las declaraciones de respaldo a Jiménez y su salida del Inpe? ¿Será acaso que García recibió o consiguió información que compromete o refuerza la denuncia periodística que señala que Jiménez ofició de informante de un narcotraficante? Al margen de ello, la salida del autodenominado ‘Sheriff’ es adecuada, pues su continuidad era insostenible, debido a que los cargos que se le imputan son bastante graves (habría entregado en febrero de 2003, vía e-mail, a Zevallos información clasificada de dos agentes policiales adscritos a la DEA– sus nombres, el de sus esposas e hijos, con direcciones y fotografías de cada uno de estos – que lo investigaban por sus vínculos con el negocio de la droga).
Benedicto Jiménez fue echado del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), aunque la formalidad diga que puso su cargo a disposición de la ministra de Justicia, con la finalidad de evitar interferencias y facilitar las investigaciones en su contra por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Fernando Zevallos.
El ‘Sheriff’ estuvo al frente de esta institución solo 31 días, tiempo suficiente para darse cuenta de que no tenía ideas realistas para afrontar la corrupcion y el hacinamiento en la cárceles del país (salvo reabrir el penal de Challapalca, lo que significaría romper el compromiso internacional que el Perú asumió en 2005, cuando cerró esta cárcel por recomendación de la CIDH, y copar el Inpe con apristas). De esta forma, se convirtió en el segundo funcionario del gobierno aprista que es tumbado por escándalos de corrupción que la prensa destapó. Primero fue Pilar Mazzetti, por la compra de patrulleros sobrevaluados para la Policía, mientras que la continuidad de Carlos Vallejos en Salud está en entredicho también por la adquisición irregular de ambulancias.
Lo llamativo del caso de Jiménez es que poco después de que tanto el presidente García como el premier Del Castillo se pronunciaran a favor de su continuidad en el Inpe, y que el mismo ‘Sheriff’ asegurara que tiene la conciencia tranquila y que no renunciaría, el Gobierno le haya bajado el dedo y obligado a renunciar.
¿Qué pasó en ese corto tiempo entre las declaraciones de respaldo a Jiménez y su salida del Inpe? ¿Será acaso que García recibió o consiguió información que compromete o refuerza la denuncia periodística que señala que Jiménez ofició de informante de un narcotraficante? Al margen de ello, la salida del autodenominado ‘Sheriff’ es adecuada, pues su continuidad era insostenible, debido a que los cargos que se le imputan son bastante graves (habría entregado en febrero de 2003, vía e-mail, a Zevallos información clasificada de dos agentes policiales adscritos a la DEA– sus nombres, el de sus esposas e hijos, con direcciones y fotografías de cada uno de estos – que lo investigaban por sus vínculos con el negocio de la droga).
Y para colmo, momentos después de conocida su salida del Inpe, La ventana indiscreta informó que Jiménez, apenas fue nombrado, llevó a trabajar con él gente de su entorno y a militantes del Apra, los cuales ocupan puestos claves en esta institución. ¿Serán también echados como el ‘Sheriff’?
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