Deporte oficial

Julio Jara Ladrón de Guevara– ¡vaya apellidito! – es el nuevo jefe de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), la única entidad encargada de comercializar la hoja de coca y sus derivados (legales, por supuesto) en todo el país. El problema es que este señor, aprista de corazón y filiación, ex prefecto del Cusco y ex diputado (1990-1992), no tiene antecedentes sino un prontuario: fue acusado en 1992 por la empresa que hoy preside, cuando la dirigió por primera vez, de malversar 500 mil dólares para financiar su campaña al Congreso, tal como lo denunció Perú.21.

Vemos, pues, que en el gobierno aprista se ha convertido en todo un deporte oficial nombrar a gente cuestionada al frente de entidades y organismos importantes del Estado, y, de paso, ganarse problemas innecesarios – y luego desperdiciar tiempo y energías en justificar sus torpezas –, como si no fuera suficiente, en menos de 10 meses en el poder, con las metidas de pata en los casos de Carlos Arana, Benedicto Jiménez, Alberto Pandolfi, el marino Chanduví, entre otros.

Pero volviendo al señor Ladrón de Guevara, vemos que haber usado recursos el Estado para fines particulares no es su única carta de presentación. También fue sentenciado por la justicia dos veces por difamación: La primera vez por haber publicado – cuando era director del diario/pasquín El Comercio de Cusco – que un profesor de la Escuela de Bellas Artes de Cusco acosaba sexualmente a sus alumnas y, la segunda, por sostener que un ex funcionario del gobierno regional había estafado a 42 comunidades campesinas. Y por si fuera poco, su legajo está adornado por haber sido el viceministro de Agustín Mantilla en la cartera del Interior, nada menos que cuando surgió el comando Rodrigo Franco, durante el primer gobierno aprista.

Hasta el momento, y pese a los cuestionamientos públicos, el hombre sigue inamovible sin que nadie del gobierno diga esta boca es mía, ni siquiera han salido a decir, con los reflejos que han demostrado tener en otras embarradas, ‘fue un error político’, ‘no conocíamos sus antecedentes - ¡acaso alguien se acuerda de lo que hizo hace 15 años!, qué tal raza –. Ladrón de Guevara fue nombrado, por recomendación de ‘Chiquitín’ Salazar, el viernes pasado. Va a cumplir una semana como funcionario, todo un récord respecto de los casos antes mencionados.

Relax del Perú

No, no se trata de la página donde chicas anónimas y bien dotadas ofrecen sus artes amatorias a los parroquianos capitalinos. Hablamos del nuevo gran paso del gobierno aprista: relajar los controles para el gasto público. El Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia para flexibilizar la ejecución de las obras en todo el país para lo que resta del año, exonerándolas, en la práctica, del filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que no busca otra cosa que asegurar la calidad del gasto y atenuar la corrupción estatal. Impedirla es imposible.

Ahora los proyectos de inversión, para ser ejecutados, solo requieren de la presentación de un perfil y ya no de los estudios de factibilidad y prefactibilidad. En buen romance, significa que para realizar una obra ya no se necesita demostrar que esta tenga un impacto social real (beneficio) que justifique el gasto. La inversión comprometida para proyectos que se beneficiarían con esta medida, hasta donde se tiene información oficial, no es poca cosa: son más de US$ 700 millones. ¡Cómo se estarán frotando las manos los pillos!

Esta osada maniobra del régimen ni siquiera tuvo la sensatez de tener en cuenta los problemas que generó el fracaso del pomposo ‘shock de inversiones’ hace poquito nomás, lo que causó una suerte de ‘sicosis’ en los funcionarios de segundo nivel de los ministerios, que son siempre los que terminan pagando la factura de los “errores políticos” de sus jefes, los ministros.

Es cierto que muchas veces la burocracia genera lentitud y hace perder la paciencia a más de uno, sobre todo si las necesidades y las exigencias de diversos sectores en el país son muchas. Las regiones piden más recursos y hacen huelgas y paros si no se les atiende. La calle está caliente, es cierto, pero paradójicamente el principal problema no ha sido la burocracia sino la poca o nula capacidad para gestionar proyectos viables y la carencia de soluciones reales a los problemas, algo que el mismo gobierno ha reconocido. El costo político que podría tener este decreto para el gobierno puede resultar mayor que el beneficio que se busca.

Pero además esta decisión se tomó a espaldas del ministro de Economía, Luis Carranza, un férreo opositor a este tipo de medidas. El Consejo de Ministros aprovechó su ausencia en el país para aprobar este decreto. Carranza renunció por menos durante el gobierno de Toledo, cuando era viceministro de Hacienda. No se conoce la reacción que tuvo el ministro al enterarse de esta iniciativa, y los rumores de su alejamiento del gabinete ya empezaron a correr. Deshaciéndose de Carranza, García tendría carta blanca para poner a alguien más afín a su vocación populista, con el beneplácito de varios ministros que comparten su enfoque de contar con un personaje más “político” en el MEF.

Otro tema que está generando críticas es el de la próxima compra – a US$ 100 la unidad – de 250,000 laptops para ser entregadas a los escolares de primaria de menores recursos en el país. Este anuncio puede que encierre una buena y legítima intención, pero los que saben del tema – como León Trahtember y Eduardo Villanueva – advierten que está lejos de ser una solución a la crisis de la educación, tal como anuncia el ministro Chang. No solo se trataría de una improvisación más del gobierno (nadie en el sector pudo dar detalles al respecto) sino que sería un gasto inútil porque hasta ahora no se conoce cuál es el plan integral que tiene el gobierno para mejorar la educación en los próximos cuatro años, salvo confrontar al Sutep. ¿De qué pueden servir estas computadoras si los niños – que además de estar mal alimentados – siguen sin entender lo que leen y sin poder resolver una operación numérica simple, o si lo colegios se caen a pedazos? Solo queda recordar que la información (a la que se accede con estos aparatos) no tiene ningún sentido si no está acompañada de la formación.

Augusto Álvarez Rodrich: Empezó la jarana

Los fantasmas del Gobierno

Están desconcertados: apagan un incendio y se inicia otro, casi de inmediato, y no saben – o dicen no saber – por qué. Y el primer bombero del país, Jorge del Castillo, ensaya una respuesta: una ‘mano negra’ está atizando el fuego. Por razones políticas, encima. ¡Qué mezquindad, señores, con un gobierno que en casi nueves meses está conduciendo el Perú de maravilla!

Pero parece que Del Castillo no es el único que está viendo fantasmas cuando al afirma que detrás de las protestas sociales en el interior (Huánuco, Piura, Loreto, Cusco y el paro minero) no solo estarían el narcotráfico y sus socios los senderistas sino también otras fuerzas interesadas en que la convulsión se extienda y prolongue, sino también el vocero de la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén, que decidió convertirse en el principal relacionista público del humalismo: “Humala está buscando impulsar los movimientos violentistas, el desorden en el país, para echarle barro a los logros del Gobierno", ha dicho el perspicaz Velásquez, sobredimensionando al máximo un poder de convocatoria que ya quisiera tener el seudonacionalista y, de paso, contradiciendo al mismo Del Castillo que hace unas semanas, en tono burlón, afirmaba que la marcha 'nacionalista' en la frontera con Chile, que Humala convocó, fue un completo fracaso.

De esta manera los apristas quieren dorar la píldora y minimizar el problema. Pero es una bomba de tiempo que nos puede (volver) a explotar en la cara porque muchos de los reclamos de las provincias son justos y cada vez parecen más convencidas de hacernos entender, por las buenas o por las malas, que llegó el momento de que se les deje de mirar con indeferencia. Lamentablemente, también se dieron cuenta de que causando zozobra y violencia pueden hacerse escuchar más y mejor, y que la autoridad no tiene autoridad moral para decirles que respeten la ley y los derechos de los demás.

En la mayoría de zonas rurales del interior, sus habitantes viven en la más absoluta miseria y sus protestas son producto de problemas no resueltos ni ahora ni antes. Y que cada vez se habla y destaca que la economía peruana crece en promedio 8%, que estamos rebosantes de dinero, que las reservas andan por los 19,000 millones de dólares o que el Perú es “un ejemplo de democracia y desarrollo”, como dijo Alan García el Día del Trabajo, estos compatriotas no pueden sino indignarse cuando saben muy bien que hay un Estado que nunca se preocupó por proporcionarles lo mínimo indispensable: salud, educación, infraestructura, justicia. Sin esto nunca se podrán enganchar al progreso, que aún sigue siendo para unos pocos.

El Gobierno está en inmejorable posición para empezar a cambiar esta situación – si es que queremos paz social en el futuro cercano – pero será muy difícil que lo pueda hacer si es que anda tan enredado y de bandazo en bandazo con sus propias torpezas o simples “errores políticos”, como llaman los apristas a las compras sobrevaloradas de patrulleros, material educativo y ambulancias, a los nombramientos indebidos de Pandolfi, Carlos Arana y Benedicto Jiménez, la compra de líneas editoriales de medios de prensa, la venta de información clasificada de la Marina a empresas privadas y otros casos más por ahí. Hasta ahora la economía ha resistido los embates de estos desaguisados políticos y la convulsión social, pero no es un escenario que resista mucho más.

El alfil del gobierno aprista

Foto: Fidel Carrillo

Un tema que viene tomando fuerza en estos días es la borrosa disputa entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Iglesia Católica, cuyas autoridades denunciaron las intenciones, seguramente non sanctas, del cardenal Juan Luis Cipriani de controlar los bienes de esta universidad, en virtud de un usufructo que en 1944 dispuso José de la Riva Agüero, mediante el cual facultaba al Arzobispado de Lima a que constituyera una Junta de Administración, "a perpetuidad e insustituible", que velara por la buena administración de las propiedades que legó a esta casa de estudios.

Lo que no queda claro es a cuenta de qué a Cipriani ahora se le ocurre hacer visible este enfrentamiento y pretende hacer valer, a pie juntillas, ese usufructo de Riva Agüero, el que habría vencido en 1964, de acuerdo con la administración de la PUCP. Según dicen, lo que buscaría Cipriani es que en esta universidad no se mueva un dedo ni se tome ninguna decisión sin su consentimiento. Y esto va desde la compra o venta de inmuebles hasta los contenidos académicos.

Pero insistó: ¿Por qué este repentino interés del máximo representante del sector más recalcitrante de la Iglesia en la PUCP? ¿Es su único interés, como asegura él mismo, hacer cumplir los deseos de Riva Agüero? Como todo lo que ha hecho Cipriani desde que se volvió un personaje público, esto huele mal y me tinka que no tiene que ver con la filantropía. Para nadie es un secreto que la PUCP es considerada, por sectores ultraconservadores como el del cardenal, cuna de la 'izquierda caviar' y que muchos de sus miembros son conocidos activistas de derechos humanos y, por ende, un permanente dolor de cabeza para Alan García y sus afanes populistas, como la pena de muerte y el retiro de la Corte de San José.

O sea, este tema tiene un trasfondo político e ideológico, si se quiere, al que se superpone dos planos: uno judicial, por la reciente venta de una parte del terreno del legado al colegio chino Juan XXIII sin consultársele a la sacrosanta ‘Junta’, y otro eclesiástico, según el cual, toda institución que lleve el título de “Pontificia” tiene que adecuarse al estatuto fijado por la Iglesia. Pero no hay que perder de vista la cuestión política. Creo que Cipriani, en este caso, está jugando el papel de alfil del gobierno aprista para hostigar a los defensores de derechos humanos, lo cual no le incomoda porque siente un creciente desprecio por estos, y si para hacerlo se tiene que disfrazar de curita con sentido de justicia social lo hace sin chistar (“Me gustaría que las pensiones – en la Católica – fueran más baratas y que algunos sueldos no fueran tan altos”, dijo en un tono muy parecido al de Alan García) .

Y esa intencionalidad política que veo en todo este desaguisado se refuerza con el hecho de que es, en la práctica, inviable que se concreten las suspuestas pretensiones de controlar la Católica de Cipriani. Y este seguro lo sabe, pero igual friega. Rosa María Palacios dijo lo siguiente en el útero de marita: “La Universidad se maneja de acuerdo a la Ley Universitaria, ninguna Junta externa puede intervenir en su administración, ni muchos en el contenido de lo que se enseña. En el peor de los casos esa Junta sólo podría intervenir en el uso económico de los bienes de Riva Agüero (actos de disposición), dado que la propiedad de todos estos inmuebles ya está a nombre de la PUC”. Más claro, ni el vestido con que desfiló Lady Bardales en ExpoModa 2007.

La Razón del 'SIN chicha'

Pinedo (al fondo) es amigo de Mantilla, y Nava (der.)

habría tenido las fotos de los congresistas en Brasil.

Decir que es una “tontería” – como lo hizo el premier Del Castillo – la denuncia sobre un supuesto sistema de inteligencia en la sombra, un SIN ‘chicha’, un remake de los tiempos de Montesinos, que el Gobierno habría montado con la finalidad de crear ‘cortinas de humo’ y perseguir opositores no es la respuesta que debería dar el Ejecutivo sobre un asunto que, de ser cierto, sería gravísimo, más aún cuando la experiencia traumática del fujimorismo todavía persiste en el ambiente. Incluso muchos de sus ostensibles exponentes tienen una marcada cercanía – coincidencia, le dicen – con el Apra.

Y la corriente viene con fuerza. Hay indicios sólidos que refuerzan la hipótesis del surgimiento de acciones de este tipo, que se parecen mucho a las que hacia la dupla Fujimori – Montesinos. Una de estas es usar medios de comunicación para atacar y enlodar a los personajes incómodos al régimen, y uno no puede sino sospechar, si ve en un diario – en este caso La Razón, de innegable filiacion fujimorista –, un extenso ‘informe especial’ titulado Sacando del clóset a Carlos Bruce, en el que se escarba sobre aspectos de su vida íntima, ligados a una supuesta homosexualidad y su relación con un joven empresario. En el colmo de la desfachatez, el autor que firma la nota es un periodista de nombre improbable: “Oscar Wildes”. Por lo demás, esta información sobre Bruce – por cierto, irrelevante como insumo noticioso – no es nueva en los corrillos periodísticos, pero da la casualidad que justo se convierte en un tema de portada cuando el ex ministro y hoy parlamentario se ha convertido en uno de los críticos más ácidos de la gestión aprista y, sobre todo, del shock de inversiones – a estas alturas un rotundo fracaso que solo sirvió para poner al descubierto corruptelas y negociados en las licitaciones públicas –.

Otro aspecto que le da puntos a favor a la tesis del ‘SIN chicha’ es aquel borroso episodio de las fotos de dos congresistas matando su tiempo libre con unas garotas en un local de baile en Sao Paulo, durante una visita oficial a Brasil. Este hecho no pasaría de ser un asunto anecdótico si no fuera porque uno de sus protagonistas, Javier Velásquez, dijo que ese material, antes de ser publicado por Caretas, estuvo en manos de Luis Nava, secretario general del Despacho Presidencial, aunque después haya insistido en culpar a su inefable colega Carlos Torres Caro, autor de las fotografías, de haberlas filtrado a la citada revista. Velásquez deslizó la posibilidad que desde Palacio se haya urdido esta maniobra, que no tuvo otro objetivo que darle aire al Gobierno, que venía siendo zarandeado por las irregularidades en las compras ministeriales. Y vaya que lo logró, aunque haya tenido que poner en ridículo nada menos que al vocero de su propia bancada.

Hay, por supuesto, otras pistas que no hay que perder de vista: la reaparición de Agustín Mantilla ofreciendo su ‘experiencia’ – prontuario sería el término cabal – para asesorar a su amigo y ministro del Interior, Lucho Alva Castro; la presencia en Palacio de Ricardo Pinedo Caldas, amigo de Mantilla y colaborador muy cercano del mandatario (ver foto), y el inquietante perfil bajo de las últimas semanas del vicepresidente Luis Giampietri. Se dice que el almirante estaría bien ocupado dirigiendo, en la sombra, este denominado ‘SIN Chicha’, aunque este lo negó recientemente en una entrevista a Perú.21. Además, los teléfonos celulares de ciertos periodistas y otros personajes incómodos al régimen están teniendo comportamientos extraños, muy parecidos – dicen los expertos – a los que sufren aquellos aparatos que son intervenidos (léase ‘chuponeados’) por equipos de escucha y espionaje.

A propósito del tema, el Ideele hizo un interesante reportaje sobre La Razón y Expreso.

La prueba de Alan

Foto: Fidel Carrillo (Perú.21)

Se realizó, al fin, la evaluación de los maestros. Las partes en disputa – el Ministerio de Educación y el Sutep – se autoproclamaron, como se esperaba, como los grandes triunfadores de la jornada. Los perdedores, empero, siguen siendo los millones de alumnos que soportan el pobrísimo nivel de sus maestros, situación que no va a cambiar, evidentemente, de aquí a dos meses, cuando se inicie el nuevo año escolar. Pero algo se ha avanzado.

El ministerio asegura que 150 mil profesores del país – de 261 mil – rindieron su prueba. Pero el Sutep afirma que solo lo hicieron 61 mil. Al margen de las cifras, se ha vencido parcialmente, a diferencia de la vez anterior en que se tuvo que suspender el examen, la resistencia que había a la evaluación en el magisterio, o por obediencia al sindicato magisterial o por temor a las represalias. Es una señal de que hay profesores que sí quieren un cambio.

Creo que el reto radicará en que el ministerio no pierda la perspectiva y le baje el tono al enfrentamiento con el Sutep. El sindicato no hará nada para que la politización y polarización en la relación desaparezcan, porque le conviene y aprovechará cada bravata del Ejecutivo para victimizarse. Ellos son parte del problema y no de la solución.

Si el objetivo del Gobierno, como dice el ministro Chang, es mejorar el nivel de la educación ¿por qué se insistió en una evaluación que da la impresión que se hizo al caballazo en lugar de realizar primero una capacitación?. ¿Acaso no se conocía ya en qué fallaba el sistema y cuáles eran las deficiencias de los maestros, que terminan siendo las mismas que la de sus alumnos?. ¿Qué va a pasar con el 48% de docentes que no fue a la prueba y no recibirá capacitación? ¿Va a seguir enseñando en las condiciones en que está?. Y si es así, entonces, en qué quedo eso del compromiso de mejorar la enseñanza.

Al margen de lo necesaria que son las evaluaciones a los maestros, queda la impresión de que esta prueba buscó más satisfacer el capricho presidencial que obtener información para capacitar a los docentes. Si no recordemos que el anuncio del examen al magisterio fue producto de un exceso verbal de Alan García, que sorprendió al auditorio que lo escuchaba, porque dicha propuesta no había sido planteada durante su campaña ni mencionada por su ministro del sector hasta ese momento. Propuestas e ideas – buenas – sobre qué hacer para revertir el nivel de la educación hay, lo que falta es un real compromiso político para llevarlas a cabo. Esperemos que ahora sí lo haya.