Foto: Perú.21Es conocido que el fallo de la Corte de San José (a la que el Perú está adscrito) sobre la matanza de 41 presos por terrorismo del penal Castro Castro, en 1992, ha irritado a más de uno en el oficialismo, desde el mismo Alan García hasta el incontenible Mauricio Mulder. Este último masticó pólvora hace unos días, cuando dijo que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) favorecía a los senderistas, cuando aún el tema no había sido discutido a nivel del Ejecutivo.
Lo que sí es evidente es que el tribunal internacional sobrepasó los límites de su competencia en este caso. Que establezca la responsabilidad penal del Estado - de Fujimori en realidad - y ordene las reparaciones no tiene nada de raro. Pero de ahí a pretender que se haga una ceremonia pública de desagravio y un monumento a los sediciosos, ¡justo al lado del que se hizo en honor a sus víctimas!, es un despropósito de proporciones. Cómo se nota que los jueces que toman estas decisiones no tienen la más mínima idea de lo que vivió el país durante 20 años de terror.
Ante esto, García ha puesto el grito en el cielo. Ciertamente el fallo – sobre todo en este último pedido en particular – es discutible, teniendo en cuenta que las secuelas de la violencia política aún se respiran con el aire, y que una ceremonia de reconocimiento como pide el tribunal reabriría una herida que todos debemos ayudar a sanar. Acordémonos nada más de la violencia que se desató tras la muerte de Pinochet en Chile, lo que revivió los fantasmas de una brutal dictadura y dividió un país entero.
Pero lo que sí creo que debe evitar el Gobierno es que se filtren versiones de que se estaría evaluando un retiro parcial de la Corte (Correo 30.12.06) ante el exceso que consideran se ha cometido en este caso, más todavía cuando las perspectivas de desarrollo del país son buenas. Nos guste o no, una decisión así tendría un impacto negativo para el Perú a nivel internacional, que nos reduciría a la categoría de paria y nos haría volver sobre lo avanzado, tiempo que no estamos en condiciones de perder. Aun así, es legítimo que el Ejecutivo evalúe una decisión así, pero debe tomar en cuenta el bien común y las repercusiones a largo plazo.
Y peor sería, en realidad, que el fallo de la corte sea solo la excusa perfecta para patear el tablero y tener la cancha libre para, por ejemplo, implantar la pena de muerte para violadores de niños, terroristas o de lo que se le vaya ocurriendo en el camino a García, y de paso cobrar los réditos políticos que dan este tipo de medidas.
Ante esto, García ha puesto el grito en el cielo. Ciertamente el fallo – sobre todo en este último pedido en particular – es discutible, teniendo en cuenta que las secuelas de la violencia política aún se respiran con el aire, y que una ceremonia de reconocimiento como pide el tribunal reabriría una herida que todos debemos ayudar a sanar. Acordémonos nada más de la violencia que se desató tras la muerte de Pinochet en Chile, lo que revivió los fantasmas de una brutal dictadura y dividió un país entero.
Pero lo que sí creo que debe evitar el Gobierno es que se filtren versiones de que se estaría evaluando un retiro parcial de la Corte (Correo 30.12.06) ante el exceso que consideran se ha cometido en este caso, más todavía cuando las perspectivas de desarrollo del país son buenas. Nos guste o no, una decisión así tendría un impacto negativo para el Perú a nivel internacional, que nos reduciría a la categoría de paria y nos haría volver sobre lo avanzado, tiempo que no estamos en condiciones de perder. Aun así, es legítimo que el Ejecutivo evalúe una decisión así, pero debe tomar en cuenta el bien común y las repercusiones a largo plazo.
Y peor sería, en realidad, que el fallo de la corte sea solo la excusa perfecta para patear el tablero y tener la cancha libre para, por ejemplo, implantar la pena de muerte para violadores de niños, terroristas o de lo que se le vaya ocurriendo en el camino a García, y de paso cobrar los réditos políticos que dan este tipo de medidas.
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