Le llegó la hora a Fujimori

Luego del pronunciamiento a favor de la extradición de Alberto Fujimori de la fiscal suprema de Chile, Mónica Maldonado – para quien las pruebas contra el prófugo son “contundentes” – , el camino de regreso al Perú del extraditable, a seis años y medio de su fuga del país en busca de impunidad, parece estar más cerca que nunca. Esto pese a que los fujimoristas minimicen el hecho y aseguren que una opinión fiscal no es vinculante, pero ellos están concientes de que es muy posible que la Corte Suprema chilena emita su fallo en el mismo sentido, y lo ratifique en segunda instancia. A fines de este año habría definiciones. Así que deberíamos empezar los preparativos para recibir un 2008 más movido que las costas indonesas.

De modo que la suerte del extraditable ya parece echada y su regreso al Perú inminente, aunque, claro, con el Chino nunca se sabe; ya ha demostrado sus habilidades de Houdini, el famoso escapista de origen judío. No sé sabe si vendrá esposado y en traje a rayas, eso es finalmente morbo. Lo importante es que venga, se le juzgue y condene por los crímenes que cometió, lo que será bastante complicado, porque el japonés no está solo en el Perú: tiene una bancada de parlamentarios que peleará por su impunidad; cuenta con nexos importantes en el Poder Judicial dispuestos a ayudarlo; y goza, inexplicablemente, de un considerable apoyo popular, como todos los dictadores, si no acuérdense de lo que pasó en Chile tras la muerte de Pinochet. Todo esto – agárrate Catalina – asegura un revuelo de proporciones en el país.

Por todo ello creo que el asunto es complicadísimo. Y si a esto le sumamos el silencio oprobioso de Alan García y el resto de autoridades del Ejecutivo, el panorama se ensombrece aun más. Parece que García se olvida que es el jefe del Estado, que representa a todos los peruanos que fuimos víctimas de Fujimori, Montesinos y el resto de sus secuaces. Por lo tanto, creo que no cabe aquello de que no habla porque no quiere politizar el tema. El juicio a Fujimori es político, el Estado es el agraviado y parte demandante del proceso. No sé si calla porque realmente cree que es lo mejor para el juicio de extradición o porque, efectivamente, hay una componenda que busca darle impunidad a Fujimori como se dice cada vez con más frecuencia. El tiempo lo dirá.

Esta es quizás la misma duda que tienen los medios de comunicación. Por ello pienso que es una buena decisión no hacer escarnio de Fujimori, no caer en el sansacionalismo de mostrarlo en portadas esposado y en traje a rayas (ganas no faltan), para no polarizar el país. Esto no significa que, a través de los editoriales y columnas de opinión, los medios recuerden y condenen los crímenes que cometió Fujimori, por lo cuales debe ser sancionado con severidad. Creo, además, que si el prófugo regresa y va preso, se va a convertir en una especie de héroe no solo para los fujimoristas sino también para tantos otros que tienen un buen recuerdo de él. Y cuando salga – juácate –, nada ni nadie va a impedir que vuelva a ser presidente. Otra sería la historia si recibe la condena que merece por violaciones a los derechos humanos, que es de 35 años de cárcel y sin beneficios. Pero nada garantiza que eso vaya a pasar.

¿Quién previene al gobierno?

Pandolfi fue desembarcado

El ex primer ministro fujimorista Alberto Pandolfi iba a dirigir las estrategias de prevención en casos de desastre natural, como el fenómeno de El Niño. Y digo iba porque el gobierno aprista tuvo que desembarcarlo a las pocas horas de designado, no porque les moleste su pasado fujimorista – con cuyos representantes se lleva muy bien en la actualidad –, sino porque sobre este personaje pesa una inhabilitación para ejercer cualquier función pública hasta el 2012 impuesta por el Congreso en el 2002. Esta patinada podría haber traído serías consecuencias para el Ejecutivo.

El premier Del Castillo, evidentemente fastidiado, tuvo que anunciar que se daba marcha a atrás en la designación de Pandolfi y justificó el desliz con un argumento que sonó a burla: “Es difícil acordarse de lo que hizo alguien hace diez años. O acaso todos ustedes – dirigiéndose a los periodistas – se acuerdan qué hicieron hace diez años”. Oiga, cualquiera medianamente informado sabe quién es Pandolfi. El premier reveló que fue Giampietri el que propuso al ex ministro fujimorista y que este no les previno de la inhabilitación. Sorprende esto último, sobre todo viniendo del vicepresidente, un tipo con acceso a información privilegiada de inteligencia.

No sorprende, sin embargo, que se nombre a un colaborador del prófugo japonés, pues ya hay varios en el gobierno – y a estas alturas el pacto apro-fujimorista es una realidad nacional – sino alarma el poco cuidado que se tiene en la selección de los funcionarios que ingresan a la administración pública. Pasó con Carlos Arana, primero en Vivienda y luego en Agua para todos; con Benedicto Jiménez en el Inpe, y con el procurador Rodolfo Lau, que se desempeñó como abogado del narco mexicano Miguel Ángel Morales, entre otros casos. Ante esto cabe preguntarse: ¿Quién previene al gobierno? Porque no se puede andar nombrando a personajes cuestionados y luego, solo porque la prensa hace la denuncia, botándolos ¿Cuántos casos como estos habrá y permanecen ocultos? Es lógico sospechar que no se trata de casos aislados.

Controversia limítrofe no se ha superado

Por afuera risas y ¿por dentro?

Si hay algo que quedó claro en toda esta confusa y controvertida historia por el polémico proyecto de ley chileno – ya observado – que creaba la nueva región Arica y que redefinía unilateralmente la frontera con Tacna, fue la disposición de Alan García a tragar sapos y asumir el costo político interno que podía significar el ocultamiento de este hecho con tal de no perjudicar el impulso que le había dado a las relaciones con Chile, algo que, evidentemente, Michelle Bachelet no estuvo dispuesta a hacer.

Como indica un reportaje del diario La Tercera de Chile, este tema explotó en diciembre pasado, cuando el Senado de este país aprobó el citado proyecto, elaborado por el gobierno de Ricardo Lagos en 2005, pero le introdujo un cambio que llevaba la firma de Bachelet: en el artículo uno de la norma, se indicaba que la frontera norte sería el límite con Perú “desde el Hito Nº1 hasta el Hito 80 tripartito de la frontera con Bolivia”. Esto modificaba de forma unilateral los límites con nuestro país, fijados en el tratado de 1929 en el Punto de la Concordia, a orillas del mar, y no el Hito Nº1, que está unos 220 metros mar adentro, lo que en proyección recortaba entre 19,000 m2 y 35,000 m2 de territorio tacneño.

Esto causó malestar en el Ejecutivo peruano, y se lo hizo saber a Chile de manera formal e informal, pero siempre manteniendo absoluta discreción. El 10 de enero el gobierno peruano entregó un reclamo a la Cancillería chilena por este tema, hecho que coincidió con la invitación de Bachelet a su par peruano para que viajen juntos a Quito para la asunción de Correa, pero ante el impasse fronterizo García prefirió volar solo. El gobierno chileno admitió que había sido un error involuntario introducir el cambio a la ley. Perú quería una solución rápida a esta controversia porque no sabía cuánto más podía mantener bajo la sombra este asunto. Una salida era que Bachelet vetara la norma, pero esto significaba que la presidenta se corrigiera a sí misma y, por ende, abriera una ventana para que la oposición la hiciera trizas, situación por la que no estaba dispuesta a pasar. Lo único que quedaba era que el Tribunal Constitucional (TC) de Chile observara el proyecto y lo devuelva al Congreso para su corrección. Así, el Ejecutivo chileno inició un intenso lobby en el TC y logró que objetara su proyecto. Normalmente – dice La Tercera – cuando esto pasa es una derrota para el gobierno, pero esta vez se celebró como si fuera una victoria.

Este asunto se conoció en la prensa tanto de Chile y Perú el mismo día en que se 'superó' – al menos de momento – la controversia. En realidad lo único superado fue el escándalo que se habría sucedido si el tema se hubiera conocido desde el primer día. Y es que el optimismo que el Ejecutivo peruano ha mostrado, a través del mismo García, al dar por cerrado y solucionado este tema, contrasta con lo expresado por el premier Jorge del Castillo, quien advirtió que no hay que bajar la guardia porque en Chile “hay gente capaz de cualquier barbaridad para perjudicar las relaciones bilaterales”. Y parece que el primer ministro puso las cosas en su real dimensión, porque en Santiago se asegura que la posición de su gobierno sobre los límites con el Perú no ha variado, ya que el fallo del TC se pronunció sobre cuestiones de forma y no de fondo. Incluso, se señala que existen otras leyes que confirman el uso del Hito Nº1 como punto de referencia para trazar la línea de frontera con el Perú, como la Ley de Pesca. Está también el hecho de que Chile, al firmar la Convención del Mar en 2002, estableció su definición del límite fronterizo en el hito número uno. Así, pues, la controversia por este asunto está lejos de superarse porque las diferencias están ahí y parecen irreconciliables.

El Perú, más de allá de la decisión – creo que correcta – de no estropear las relaciones con Chile, debería de una vez buscar, por los canales correspondientes y de ser necesario recurrir a la Corte de la Haya, la solución a las diferencias limítrofes existentes haciendo respetar los tratados firmados y la soberanía de nuestro país. Debería hacerlo, además, sin aspavientos pero con firmeza. Lamentablemente no será fácil, porque en ambos países hay gente demasiada interesada en que nos llevemos mal, reviviendo las heridas del pasado, impidiéndolas cicatrizar y sacando un beneficio político de todo esta situación.