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martes, 23 de enero de 2007

El Apra desenvaina su escopeta de dos cañones

La última fragata Lupo tiene doble cañón (Foto: Martín Pauca)


La campaña de demolición del Apra – con la abnegada y desinteresada colaboración del fujimorismo – contra el ex presidente Alejandro Toledo por haberse allanado ante la Corte de San José es una muestra más de la histórica escopeta de dos cañones con que suele actuar el hoy partido de gobierno.

Es que ahora resulta que el gobierno del doctor Alan García, que tanto critica a Toledo por aceptar algo que es evidente (la sistemática violación de derechos humanos durante el fujimorismo), hizo lo mismo, cuando reconoció ante la Corte de San José que el Estado peruano es el responsable de la muerte de nueve alumnos y un profesor de la universidad La Cantuta, crimen perpetrado por el Grupo Colina en 1992.

Perú.21, en su edición online, señala que en la audiencia de la Corte Interamericana sobre La Cantuta, realizada el 29 de setiembre de 2006, cuando Alan García tenía dos meses en el poder, el agente peruano Arturo Bazán Chacón, designado por el Gobierno, dijo que "el Estado peruano lamenta profundamente la suerte que corrieron este grupo de peruanos, nueve estudiantes y un profesor, y, al reiterar su pesar por el dolor causado a sus familias, también desea ratificar su compromiso de cumplir con sus obligaciones internacionales". Con qué cuajo los apristas se hacen los ofendidos e indignados porque Toledo hizo lo mismo en el caso Castro Castro. Por lo demás, en ambos crímenes – ignominiosos para nuestra historia reciente – no cabía otra respuesta, pero para los ‘compañeros’ no se trata de hacer lo correcto (para eso están los bomberos, dicen) sino hacer lo que más convenga para satisfacer la megalomanía de su líder.

Y ahora qué van a decir. Seguro se harán los locos, denunciarán al agente del Estado peruano que se allanó con la venia del gobierno de García buscando salvar el pellejo de su líder y el de ellos mismos, porque saben que sin Alan no son nada y que le deben poco menos que la vida; buscarán a toda costa los tres pies al gato y saldrán con alguna respuesta que parecerá sacada de la trastocada cabeza de Mario Poggi, como cuando dicen, segurísimos, que sí es viable, según el vademécum de tinterilladas de la Casa del Pueblo, un referéndum para aplicar la pena de muerte.

A estas alturas, ya resulta evidente que Toledo es el hueso que García lanzó a sus perros para tenerlos entretenidos y que estos, a su vez, se conviertan en una de las tantas distracciones para el pueblo mientras él elucubra otras con las cuales no bajar el telón por un buen rato para seguir pasando piola y alimentando su enorme ego. Entre tanto, las reformas impostergables en sectores como justicia, salud y educación se siguen postergando por desidia, ineptitud o conveniencia, o las tres juntas.

sábado, 30 de diciembre de 2006

La CIDH pone en aprietos al Gobierno

Foto: Perú.21

Es conocido que el fallo de la Corte de San José (a la que el Perú está adscrito) sobre la matanza de 41 presos por terrorismo del penal Castro Castro, en 1992, ha irritado a más de uno en el oficialismo, desde el mismo Alan García hasta el incontenible Mauricio Mulder. Este último masticó pólvora hace unos días, cuando dijo que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) favorecía a los senderistas, cuando aún el tema no había sido discutido a nivel del Ejecutivo.

Lo que sí es evidente es que el tribunal internacional sobrepasó los límites de su competencia en este caso. Que establezca la responsabilidad penal del Estado - de Fujimori en realidad - y ordene las reparaciones no tiene nada de raro. Pero de ahí a pretender que se haga una ceremonia pública de desagravio y un monumento a los sediciosos, ¡justo al lado del que se hizo en honor a sus víctimas!, es un despropósito de proporciones. Cómo se nota que los jueces que toman estas decisiones no tienen la más mínima idea de lo que vivió el país durante 20 años de terror.

Ante esto, García ha puesto el grito en el cielo. Ciertamente el fallo – sobre todo en este último pedido en particular – es discutible, teniendo en cuenta que las secuelas de la violencia política aún se respiran con el aire, y que una ceremonia de reconocimiento como pide el tribunal reabriría una herida que todos debemos ayudar a sanar. Acordémonos nada más de la violencia que se desató tras la muerte de Pinochet en Chile, lo que revivió los fantasmas de una brutal dictadura y dividió un país entero.

Pero lo que sí creo que debe evitar el Gobierno es que se filtren versiones de que se estaría evaluando un retiro parcial de la Corte (Correo 30.12.06) ante el exceso que consideran se ha cometido en este caso, más todavía cuando las perspectivas de desarrollo del país son buenas. Nos guste o no, una decisión así tendría un impacto negativo para el Perú a nivel internacional, que nos reduciría a la categoría de paria y nos haría volver sobre lo avanzado, tiempo que no estamos en condiciones de perder. Aun así, es legítimo que el Ejecutivo evalúe una decisión así, pero debe tomar en cuenta el bien común y las repercusiones a largo plazo.

Y peor sería, en realidad, que el fallo de la corte sea solo la excusa perfecta para patear el tablero y tener la cancha libre para, por ejemplo, implantar la pena de muerte para violadores de niños, terroristas o de lo que se le vaya ocurriendo en el camino a García, y de paso cobrar los réditos políticos que dan este tipo de medidas.