lunes, 28 de mayo de 2007

Una bomba de tiempo en Santa Anita


Luego de casi un mes, desde que se conoció – el 2 de mayo pasado – la sentencia judicial que ordenaba a los cerca de 10 mil comerciantes abandonar el terreno de 80 hectáreas que ocupaban ilegalmente desde el 2002, la Policía hizo prevalecer el respeto a la ley y el estado de derecho, en una operación de desalojo impecable que no tuvo, felizmente, el costo social que podía haber generado una resistencia violenta de los invasores.

Hasta ahí todo bien: los efectivos del orden hicieron su trabajo, hay que reconocerlo. Pero ahora ¿Qué pasará con esas familias que lo perdieron todo, que se quedaron en la calle? ¿Alguien se preocupó en darle a esta gente una alternativa? ¿Qué hizo el alcalde Castañeda los cuatro últimos años para buscar una solución a este problema que tenía entre manos, pues era eminente que el fallo judicial iba a entregar al municipio la propiedad de los terrenos usurpados? Nada, dejó que pase el tiempo y una vez que tuvo esta papa caliente en las manos la lanzó lejos y enterró la cabeza, cual avestruz. “Es un tema legal y policial, nada sacaba armando yo un circo”, ha dicho el locuaz alcalde, para quien dar la cara y asumir su responsabilidad es una mero show. Sí, pues, en eso han convertido la política: en un espectáculo frívolo, circense, y como el señor Castañeda, un calculador nato, tiene aspiraciones palaciegas se hace el tonto, el loco – o las dos cosas – para no afectar la enorme popularidad que tiene.

Pero este problema está lejos de haberse solucionado, porque se hizo lo más fácil: hacer cumplir una orden judicial por la fuerza y el resto que se joda, porque muchos comerciantes siguen sin entender por qué se les despojó del puesto por el que pagaron y que consideran suyo, pues fueron estafados por el traficante de terrenos Herminio Porras, quien cobró entre 5 mil y 6 dólares por cada local de este mercado. Es simple: estas personas no saben – y no quieren saber – qué es el estado de derecho. Solo saben que la justicia, para ellos, tiene forma de injusticia.

“Qué injusticia, cuando sea grande me voy a vengar”, se le oyó decir a un niño, entre lágrimas, mientras buscaba a sus padres durante el desalojo. Este mensaje es claro y está lleno de resentimiento, pero parece que a Castañeda y compañía les cuesta entenderlo de esa manera. Por ello, estas personas desafían a la autoridad, y a la primera oportunidad que tengan, no dudarán en cobrarse la revancha, que puede tener varias formas: votando por algún afiebrado como Humala, que les prometa fusilar a la mayoría de políticos corruptos o, quizás, tomando la violencia con sus propias manos – acicateados por un lunático como Abimael Guzmán – para convertirla en un medio capaz de acabar con cualquier estructura de convivencia civilizada y democrática en el país. De cualquier forma, en este lugar se activó una bomba de tiempo que puede estallarnos – nuevamente – en la cara.

- El desalojo Minuto a Minuto (Peru21.com)

jueves, 24 de mayo de 2007

Deporte oficial

Julio Jara Ladrón de Guevara– ¡vaya apellidito! – es el nuevo jefe de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), la única entidad encargada de comercializar la hoja de coca y sus derivados (legales, por supuesto) en todo el país. El problema es que este señor, aprista de corazón y filiación, ex prefecto del Cusco y ex diputado (1990-1992), no tiene antecedentes sino un prontuario: fue acusado en 1992 por la empresa que hoy preside, cuando la dirigió por primera vez, de malversar 500 mil dólares para financiar su campaña al Congreso, tal como lo denunció Perú.21.

Vemos, pues, que en el gobierno aprista se ha convertido en todo un deporte oficial nombrar a gente cuestionada al frente de entidades y organismos importantes del Estado, y, de paso, ganarse problemas innecesarios – y luego desperdiciar tiempo y energías en justificar sus torpezas –, como si no fuera suficiente, en menos de 10 meses en el poder, con las metidas de pata en los casos de Carlos Arana, Benedicto Jiménez, Alberto Pandolfi, el marino Chanduví, entre otros.

Pero volviendo al señor Ladrón de Guevara, vemos que haber usado recursos el Estado para fines particulares no es su única carta de presentación. También fue sentenciado por la justicia dos veces por difamación: La primera vez por haber publicado – cuando era director del diario/pasquín El Comercio de Cusco – que un profesor de la Escuela de Bellas Artes de Cusco acosaba sexualmente a sus alumnas y, la segunda, por sostener que un ex funcionario del gobierno regional había estafado a 42 comunidades campesinas. Y por si fuera poco, su legajo está adornado por haber sido el viceministro de Agustín Mantilla en la cartera del Interior, nada menos que cuando surgió el comando Rodrigo Franco, durante el primer gobierno aprista.

Hasta el momento, y pese a los cuestionamientos públicos, el hombre sigue inamovible sin que nadie del gobierno diga esta boca es mía, ni siquiera han salido a decir, con los reflejos que han demostrado tener en otras embarradas, ‘fue un error político’, ‘no conocíamos sus antecedentes - ¡acaso alguien se acuerda de lo que hizo hace 15 años!, qué tal raza –. Ladrón de Guevara fue nombrado, por recomendación de ‘Chiquitín’ Salazar, el viernes pasado. Va a cumplir una semana como funcionario, todo un récord respecto de los casos antes mencionados.

viernes, 18 de mayo de 2007

Del Castillo Dixit

El premier Jorge del Castillo dio una lamentable entrevista al diario Expreso, en la que confirma que la interacción que ha tenido en estos casi 10 meses de gobierno con personajes de conocida trayectoria antidemocrática y cercanos al fujimorismo lo están haciendo perder la perspectiva y el sentido común: ha negado una realidad irrefutable al decir que en el Perú nunca se violaron de manera sistemática los derechos humanos.

Según la Comisión de la Verdad, las dos décadas (1980-2000) que duró el conflicto armado en el país dejaron cerca de 70,000 víctimas (entre muertos y desaparecidos), de las que poco menos de la mitad fueron responsabilidad directa del Estado. Para arribar a esa conclusión, este grupo investigó todo el proceso de violencia política, recogió testimonios en casi todos los lugares donde la hubo – 129 provincias y 509 distritos del país – y realizó exhumaciones, por lo que no se trata de una cifra antojadiza, como dicen algunos ya sea por intereses particulares o por convicciones ideológicas.

Sin embargo, Del Castillo afirma, en la citada entrevista, que en realidad “intentan demostrar que hubo una política de Estado en ese sentido. Yo discrepo con la Comisión de la Verdad en esa apreciación, puesto que los excesos son aislados y no una política de Estado”. El premier incluso dijo que en estos hechos de violencia no hay responsabilidad política de los altos mandos militares.

¿No son acaso los casi 30,000 muertos y desaparecidos, la mayoría campesinos de zonas remotas y olvidadas, producto del accionar de militares y policiales, suficientes como para descartar la ‘tesis’ de que solo se trató de excesos aislados? ¿Acaso, al principio no se ejecutaba a las personas por mera sospecha, cuando la lucha se realizaba en el campo y no se sabía bien a qué se enfrentaba el Estado y ,luego, cuando se identificó al enemigo, se realizaban ejecuciones selectivas? ¿Esto no se llama, en cualquier parte, terrorismo de Estado?

Cuando Del Castillo afirma que no hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país y no existe responsabilidad política en los ‘excesos’ (lo que se conoce como ‘cadena de mando’), además de pretender lavarle la cara a Alan García y a los jefes militares de su primer gobierno por los crímenes, por ejemplo, de Accomarca y Cayara, nos está diciendo también que Fujimori es una mansa paloma, que fue una víctima de las circunstancias, que no sabía del grupo Colina ni de las matanzas de Barrios Altos o La Cantuta y está injustamente acusado por violación de derechos humanos.

No se puede ignorar esta parte de nuestra historia ni ser ingratos con los militares y policías que dieron su vida para darnos un país en paz, pero los políticos no deberían dar estos mensajes que justifican la impunidad para algunos y la injusticia para otros, porque – no se olviden – hay cientos de militares y policías de menor rango, víctimas reales – al igual que la mayoría de peruanos – de la insania senderista, que viven en el más completo olvido con las terribles secuelas sicológicas y físicas que les dejó esta guerra. ¿Qué se ha hecho por estos verdaderos héroes anónimos? ¿Esa es la 'justicia' que reclama el premier? ¿Por qué no tienen estos la misma 'suerte' que los Giampietri, los Pérez Documet, los Hermoza Ríos, y tantos otros oficialotes?

viernes, 11 de mayo de 2007

Relax del Perú

No, no se trata de la página donde chicas anónimas y bien dotadas ofrecen sus artes amatorias a los parroquianos capitalinos. Hablamos del nuevo gran paso del gobierno aprista: relajar los controles para el gasto público. El Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia para flexibilizar la ejecución de las obras en todo el país para lo que resta del año, exonerándolas, en la práctica, del filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que no busca otra cosa que asegurar la calidad del gasto y atenuar la corrupción estatal. Impedirla es imposible.

Ahora los proyectos de inversión, para ser ejecutados, solo requieren de la presentación de un perfil y ya no de los estudios de factibilidad y prefactibilidad. En buen romance, significa que para realizar una obra ya no se necesita demostrar que esta tenga un impacto social real (beneficio) que justifique el gasto. La inversión comprometida para proyectos que se beneficiarían con esta medida, hasta donde se tiene información oficial, no es poca cosa: son más de US$ 700 millones. ¡Cómo se estarán frotando las manos los pillos!

Esta osada maniobra del régimen ni siquiera tuvo la sensatez de tener en cuenta los problemas que generó el fracaso del pomposo ‘shock de inversiones’ hace poquito nomás, lo que causó una suerte de ‘sicosis’ en los funcionarios de segundo nivel de los ministerios, que son siempre los que terminan pagando la factura de los “errores políticos” de sus jefes, los ministros.

Es cierto que muchas veces la burocracia genera lentitud y hace perder la paciencia a más de uno, sobre todo si las necesidades y las exigencias de diversos sectores en el país son muchas. Las regiones piden más recursos y hacen huelgas y paros si no se les atiende. La calle está caliente, es cierto, pero paradójicamente el principal problema no ha sido la burocracia sino la poca o nula capacidad para gestionar proyectos viables y la carencia de soluciones reales a los problemas, algo que el mismo gobierno ha reconocido. El costo político que podría tener este decreto para el gobierno puede resultar mayor que el beneficio que se busca.

Pero además esta decisión se tomó a espaldas del ministro de Economía, Luis Carranza, un férreo opositor a este tipo de medidas. El Consejo de Ministros aprovechó su ausencia en el país para aprobar este decreto. Carranza renunció por menos durante el gobierno de Toledo, cuando era viceministro de Hacienda. No se conoce la reacción que tuvo el ministro al enterarse de esta iniciativa, y los rumores de su alejamiento del gabinete ya empezaron a correr. Deshaciéndose de Carranza, García tendría carta blanca para poner a alguien más afín a su vocación populista, con el beneplácito de varios ministros que comparten su enfoque de contar con un personaje más “político” en el MEF.

Otro tema que está generando críticas es el de la próxima compra – a US$ 100 la unidad – de 250,000 laptops para ser entregadas a los escolares de primaria de menores recursos en el país. Este anuncio puede que encierre una buena y legítima intención, pero los que saben del tema – como León Trahtember y Eduardo Villanueva – advierten que está lejos de ser una solución a la crisis de la educación, tal como anuncia el ministro Chang. No solo se trataría de una improvisación más del gobierno (nadie en el sector pudo dar detalles al respecto) sino que sería un gasto inútil porque hasta ahora no se conoce cuál es el plan integral que tiene el gobierno para mejorar la educación en los próximos cuatro años, salvo confrontar al Sutep. ¿De qué pueden servir estas computadoras si los niños – que además de estar mal alimentados – siguen sin entender lo que leen y sin poder resolver una operación numérica simple, o si lo colegios se caen a pedazos? Solo queda recordar que la información (a la que se accede con estos aparatos) no tiene ningún sentido si no está acompañada de la formación.

Augusto Álvarez Rodrich: Empezó la jarana

jueves, 10 de mayo de 2007

Confirmado: Ecuador y Chile hacen causa común contra Perú

Espinoza y Foxley sellan la alianza
estratégica de Ecuador y Chile.

Las declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre la presunta pretensión – según dijo – de Perú de modificar los límites fronterizos con su país y con Chile no fueron gratuitas: eran el inicio de un respaldo formal de Quito a la postura de Santiago frente al reclamo peruano para fijar los límites fronterizos, que según lo chilenos ya fueron definidos con los acuerdos de 1952 y 1954.

La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinoza mintió públicamente hace unos días cuando aseguró, en declaraciones a una radio peruana, que en la agenda que iban a abordar con las autoridades del gobierno chileno no se incluía el diferendo marítimo que Perú y Chile tienen. Falso. Hoy suscribieron una declaración conjunta que, además de crear un Consejo Interministerial Binacional para profundizar la colaboración y fortalecer las relaciones comerciales y económicas, dice que “ambos países reafirman la plena vigencia de la Declaración sobre Zona Marítima de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954”.

En cristiano: Ecuador se suma a la postura de Chile (que recortaría unos 35.000 km2 de mar peruano) y forman una alianza estratégica que busca debilitar la posición peruana. El gobierno de Alan García ha hecho todo lo posible para que este tema – que es, por cierto, estrictamente bilateral – se supere por los canales de la diplomacia y no afecte las relaciones comerciales y económicas con Santiago. Para nuestro país los acuerdos del 52 y 54 solo regulan la pesca artesanal en la frontera marítima que tenemos en común pero no fijan los límites. Esto lo han reconocido diversas autoridades chilenas, pese a la negativa de su gobierno para abordarlo.

Y como para que no queden dudas en Lima de que la vía diplomática se acabó, una nota de la Cancillería chilena informa así de la declaración conjunta suscrita con Ecuador: “Los cancilleres de ambos países confirmaron su común visión frente a los temas vinculados con el derecho del mar y reiteraron su más amplia cooperación en esta materia". Más claros no pueden ser los chilenos. Se mantienen en sus trece y buscan apoyo a su postura. Ante esto, las medias tintas en Perú sobre este asunto deberían dejarse de lado. Torre Tagle, además de protestar ante el gobierno ecuatoriano por su intromisión en un asunto estrictamente bilateral, debería iniciar sin más demora los trámites para que sea el Corte Internacional de La Haya la que resuelva este asunto.

Lamentablemente, pareciera que en Torre Tagle no la tienen muy clara y hay cierta desidia: ha pasado un mes desde que el canciller García Belaunde anunció que se presentaría ante la ONU el mapa cartográfico con los límites del Perú, primer paso para llevar el tema a La Haya, pero hasta ahora no se ha concretado, pese a que este mapa ya estaría acabado. Solo se ha remitido a este organismo las Líneas de Base de Dominio Marítimo. (Ver aquí informe de Perú.21 al respecto).

lunes, 7 de mayo de 2007

Yo no me ‘sicoseo’ (con 'sicosociales')

Claro, cómo se va a ‘sicosear’ el presidente García si las versiones sobre un supuesto atentado contra su vida a manos del MRTA y las FARC de Colombia – y quizás Al Qaeda – son tan verosímiles como los buenos deseos de Gisela para que el programa de Magaly siga teniendo éxito.

Esta noticia tiene todos los olores y sabores de las movidas destinadas a distraer la atención de la gente y la prensa cuando el país atraviesa una etapa de convulsión social y el gobierno aprista anda entrampado en sus propias torpezas. Y para hacerlo usa a los medios de comunicación con los que mejor se lleva, que presentan información ‘exclusiva’ basada en reveladores informes de ‘inteligencia’ que seguramente algún personaje oscuro del régimen les ‘filtró’. (ver pepitaspuntocom, que hace un buen cuadro por cuadro de la situación).

Esto fue lo que pasó, por ejemplo, el último domingo con el ‘reportaje’ de Panorama, programa del canal de Genaro Delgado Parker, el camaleónico socio del ministro aprista Hernán Garrido Lecca, que ahora está buscando reacomodarse con el actual gobierno (como lo hizo con Toledo) no solo para evitar perder la administración de Panamericana sino también para pasar piola con la millonaria ‘arruga’ que tiene con el Estado por concepto de impuestos.

La fórmula adormecedora utilizada tiene una buena combinación: por un lado propala la siempre comercial información sobre una amenaza de muerte al presidente y, por el otro, atiza los viejos traumas de una población golpeada por más de dos décadas de terror al advertir que los terrucos de Sendero Luminoso se han rearmado, resurgido y convertido en una amenaza nacional, justo cuando EEUU, en su informe sobre terrorismo global, dice que la alianza entre senderistas y narcos se ha fortalecido en las zonas cocaleras. Ante un escenario así ¿Qué importa que la mitad de regiones y los cocaleros tengan contra las cuerdas al gobierno o que se nombre a Pandolfis yAranas o que la Marina venda información clasificada, entre otros “errores políticos”?

¿Y cómo reaccionó el 'tribunero' Alan García ante el ‘inminente’ peligro que corre su vida? Envalentonado, un machomen de la política nacional: "A mí no me 'sicosea' nadie. Soy mayorcito y tengo años en la política como para que me 'sicosee' una información. Yo sé cómo son las cosas, conozco mi tierra, conozco mi pueblo, conozco cómo actúan hasta las malas personas y por consiguiente no me 'sicoseo'", dijo el mandatario pero curiosamente no descalificó tal versión periodística, como sí lo hizo el ministro de Defensa, que la calificó de “falsa y exagerada”, lo que no hace sino confirmar la marca puramente aprista en todo este asunto, lejana de los funcionarios decentes que no son del partido de gobierno, como Allan Wagner.

domingo, 6 de mayo de 2007

Ecuador se pone del lado de Chile


Sorpresa causaron las declaraciones del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien dijo que Perú pretende imponer, tanto a su país como a Chile, una “bisectriz” para establecer los límites marítimos con ambas naciones, lo que – remarcó – tanto en Quito como en Santiago rechazan.

No se entiende a cuenta de qué Correa, que en diciembre decía que las relaciones peruano – ecuatorianas pasaban por su mejor momento histórico, decide entrometerse y comprarse un pleito que no es suyo, pues lo que Perú ha señalado – y con razón – es que está pendiente la delimitación marítima con Chile, pero en ningún momento se habló de que exista una situación similar con Ecuador.

Lo que no debe extrañar es que, cuando se trata de Perú, Ecuador suele ponerse de lado de Chile. No es la primera vez. Y eso es lo que ha hecho Correa en este caso, porque cuando dice que se pretende imponer una “bisectriz” cuando siempre se ha usado el “paralelo” para definir los límites marítimos en ambos casos, lo que en realidad está diciendo es que Santiago tiene razón al sostener que la frontera marítima con Perú se fija por un paralelo desde el Hito Nº1 y no por una línea equidistante – lo que el ecuatoriano llama bisectriz – desde el punto de la Concordia, como señala la posición peruana.

Lo del ‘paralelo’, además, no es cierto, porque para la definir las fronteras marítimas en estos casos no se aplican los mismos criterios, pues en Ecuador hay islas. Y esto está claramente establecido en la Declaración de Santiago de 1952 sobre las 200 millas de mar territorial, que señala que “en el caso de territorio insular (…) la zona marítima de estas islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llegue al mar la frontera terrestre de los Estados (países) respectivos”.

Esto, por lo demás, es una intromisión en un tema bilateral que merecería una respuesta contundente pero serena de la Cancillería peruana, aunque el canciller García Belaunde haya aclarado que con Ecuador no hay ningún tema limítrofe pendiente.

jueves, 3 de mayo de 2007

Los fantasmas del Gobierno

Están desconcertados: apagan un incendio y se inicia otro, casi de inmediato, y no saben – o dicen no saber – por qué. Y el primer bombero del país, Jorge del Castillo, ensaya una respuesta: una ‘mano negra’ está atizando el fuego. Por razones políticas, encima. ¡Qué mezquindad, señores, con un gobierno que en casi nueves meses está conduciendo el Perú de maravilla!

Pero parece que Del Castillo no es el único que está viendo fantasmas cuando al afirma que detrás de las protestas sociales en el interior (Huánuco, Piura, Loreto, Cusco y el paro minero) no solo estarían el narcotráfico y sus socios los senderistas sino también otras fuerzas interesadas en que la convulsión se extienda y prolongue, sino también el vocero de la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén, que decidió convertirse en el principal relacionista público del humalismo: “Humala está buscando impulsar los movimientos violentistas, el desorden en el país, para echarle barro a los logros del Gobierno", ha dicho el perspicaz Velásquez, sobredimensionando al máximo un poder de convocatoria que ya quisiera tener el seudonacionalista y, de paso, contradiciendo al mismo Del Castillo que hace unas semanas, en tono burlón, afirmaba que la marcha 'nacionalista' en la frontera con Chile, que Humala convocó, fue un completo fracaso.

De esta manera los apristas quieren dorar la píldora y minimizar el problema. Pero es una bomba de tiempo que nos puede (volver) a explotar en la cara porque muchos de los reclamos de las provincias son justos y cada vez parecen más convencidas de hacernos entender, por las buenas o por las malas, que llegó el momento de que se les deje de mirar con indeferencia. Lamentablemente, también se dieron cuenta de que causando zozobra y violencia pueden hacerse escuchar más y mejor, y que la autoridad no tiene autoridad moral para decirles que respeten la ley y los derechos de los demás.

En la mayoría de zonas rurales del interior, sus habitantes viven en la más absoluta miseria y sus protestas son producto de problemas no resueltos ni ahora ni antes. Y que cada vez se habla y destaca que la economía peruana crece en promedio 8%, que estamos rebosantes de dinero, que las reservas andan por los 19,000 millones de dólares o que el Perú es “un ejemplo de democracia y desarrollo”, como dijo Alan García el Día del Trabajo, estos compatriotas no pueden sino indignarse cuando saben muy bien que hay un Estado que nunca se preocupó por proporcionarles lo mínimo indispensable: salud, educación, infraestructura, justicia. Sin esto nunca se podrán enganchar al progreso, que aún sigue siendo para unos pocos.

El Gobierno está en inmejorable posición para empezar a cambiar esta situación – si es que queremos paz social en el futuro cercano – pero será muy difícil que lo pueda hacer si es que anda tan enredado y de bandazo en bandazo con sus propias torpezas o simples “errores políticos”, como llaman los apristas a las compras sobrevaloradas de patrulleros, material educativo y ambulancias, a los nombramientos indebidos de Pandolfi, Carlos Arana y Benedicto Jiménez, la compra de líneas editoriales de medios de prensa, la venta de información clasificada de la Marina a empresas privadas y otros casos más por ahí. Hasta ahora la economía ha resistido los embates de estos desaguisados políticos y la convulsión social, pero no es un escenario que resista mucho más.